Nariño es el cuarto departamento en el cual, según
un estudio del Ministerio de Trabajo, el mismo Estado promueve la
informalidad, pues los trabajadores en un 80% laboran bajo la modalidad
de contratación por Orden de Prestación de Servicios OPS.
Sólo un 20 por ciento de los empleados gozan de un contrato formal de trabajo. Así lo expresó el analista Mauricio Cabrera Galvis, quien cita un estudio del propio ministerio en el cual se indica que la región es el cuarto departamento de Colombia donde se presenta esta situación “Son nóminas paralelas, por cuanto muchos de estos empleados llevan varios años en las dependencias públicas con este tipo de vinculación.
Que en promedio tres de cada cinco trabajadores públicos no tengan contrato de trabajo es un récord de tercerización difícil de encontrar en
Sólo un 20 por ciento de los empleados gozan de un contrato formal de trabajo. Así lo expresó el analista Mauricio Cabrera Galvis, quien cita un estudio del propio ministerio en el cual se indica que la región es el cuarto departamento de Colombia donde se presenta esta situación “Son nóminas paralelas, por cuanto muchos de estos empleados llevan varios años en las dependencias públicas con este tipo de vinculación.
Que en promedio tres de cada cinco trabajadores públicos no tengan contrato de trabajo es un récord de tercerización difícil de encontrar en
ninguna empresa privada del tamaño de las públicas”, afirma.
En su análisis y comparativo nacional se afirma que “hay casos extremos como Arauca y Casanare, ambos departamentos petroleros con multimillonarios recursos de regalías, donde el 90% de los funcionarios son contratistas, seguidos de cerca por Nariño, donde el 80% de la nómina es paralela”. “El ministerio aún no ha divulgado las cifras de las principales ciudades del país, pero deben ser similares”, precisa Castro Galvis.
En la Alcaldía de Pasto se estima que por cada funcionario de planta hay al menos tres contratistas, igual proporción se prevé en otras entidades gubernamentales. Según Castro Galvis, tal proliferación de contratos de OPS atenta contra los trabajadores y deteriora la gestión pública al perderse continuidad y memoria institucional en muchas áreas claves de la administración. La Ley 617 del 2000 limitó los gastos de funcionamiento de departamentos y municipios, incluyendo los gastos de personal.
El truco para eludir la ley consiste en que la mayoría de los contratos OPS no se clasifican como gastos de funcionamiento sino de inversión. “Así los alcaldes y gobernadores han aumentado a su gusto las burocracias públicas y satisfacen los apetitos clientelistas de concejos y asambleas, mostrándolos como un aumento de la inversión pública”, precisa el analista.
En su análisis y comparativo nacional se afirma que “hay casos extremos como Arauca y Casanare, ambos departamentos petroleros con multimillonarios recursos de regalías, donde el 90% de los funcionarios son contratistas, seguidos de cerca por Nariño, donde el 80% de la nómina es paralela”. “El ministerio aún no ha divulgado las cifras de las principales ciudades del país, pero deben ser similares”, precisa Castro Galvis.
En la Alcaldía de Pasto se estima que por cada funcionario de planta hay al menos tres contratistas, igual proporción se prevé en otras entidades gubernamentales. Según Castro Galvis, tal proliferación de contratos de OPS atenta contra los trabajadores y deteriora la gestión pública al perderse continuidad y memoria institucional en muchas áreas claves de la administración. La Ley 617 del 2000 limitó los gastos de funcionamiento de departamentos y municipios, incluyendo los gastos de personal.
El truco para eludir la ley consiste en que la mayoría de los contratos OPS no se clasifican como gastos de funcionamiento sino de inversión. “Así los alcaldes y gobernadores han aumentado a su gusto las burocracias públicas y satisfacen los apetitos clientelistas de concejos y asambleas, mostrándolos como un aumento de la inversión pública”, precisa el analista.
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